(Panamá) Robo de información y datos amenaza a las instituciones

Peligro inminente. El robo de información es una amenaza a la que están expuestas las instituciones públicas de Panamá por la falta de seguridad y privacidad de datos, hecho que es admitido por el Gobierno.

Esta situación es vista con preocupación por expertos en la materia, quienes señalan que entre las entidades más expuestas están el Banco Nacional, la Caja de Ahorros, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Registro Público, la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Catastro.

El peligro que se cierne sobre entidades que manejan grandes sumas de dinero genera tanta preocupación, que por la parte estatal, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, anunció que ya se está contratando una consultoría para tratar el tema.

Manifestó que en el Estado “no estamos tan actualizados como deberíamos”. “Ese es un tema que luego del ‘hackeo’ estamos todos revisando nuestros sistemas”, precisó.

Estadísticas.
Un estudio de Riscco Consulting realizado a 81 organizaciones, de las cuales el 15% eran estatales, dejó al descubierto que las mismas no cuentan con una estrategia para la protección y privacidad de sus datos.

Tanto en el sector privado como el Estado no están haciendo su tarea, en establecer suficientes controles, políticas y procedimientos de prevención, indicó Antonio Ayala, vicepresidente ejecutivo de Riscco.

Sentenció que esta debilidad en la seguridad le está haciendo la vida más fácil a las personas que se dedican a ese tipo de delito, llámense piratas o “hackers”.

Estableció que las entidades públicas mencionadas son las que “deberían preocuparse y evaluar los resultados del estudio frente a lo que ocurre dentro de su organización y actuar en consecuencia”.

Ayala recomendó que para que se den los debidos controles se asigne a la figura del Oficial de Seguridad de Información, quien crea las políticas y los procedimientos.

Además, se debe considerar un auditor interno que garantice que lo que hizo el oficial sea lo correcto y que las organizaciones cumplan los requerimientos correctos.

Jaime Abad, exdirector de la Policía Técnica Judicial, indicó a su vez que en el sector privado está tomando conciencia; no obstante, afirmó sentirse preocupado de la parte gubernamental, por la falta de protección que calificó como “un secreto a voces”.

Abad precisó que habló con el presidente Ricardo Martinelli, cuando todavía era candidato, sobre el plan Calle Segura y que este campo específico debería tener prioridad.

Diamar Díaz Nieto

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