Acusan a 15 militares por asesinato de cinco civiles

Bogotá.- La Fiscalía General acusó a 15 militares, entre ellos un oficial, como presuntos autores del asesinato de cinco campesinos a los que falsamente presentaron como paramilitares muertos en combate, se informó hoy.

En un comunicado en su página de internet, la Fiscalía indicó que la acusación de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos recayó sobre el teniente del ejército Haizer Etiel Meléndez y 14 soldados profesionales como presuntos autores de seis delitos, entre ellos homicidio, desaparición forzada y tortura, indicó AP.

Los hechos investigados ocurrieron el 25 de mayo de 2005 en zona rural del municipio de Monterrey, departamento de Casanare, a unos 135 kilómetros al noreste de Bogotá, cuando los militares hoy llamados a juicio “informaron sobre el presunto choque armado al término del cual les fueron hallados a los abatidos paramilitares un fusil, una pistola y nueve granadas M26”, explicó la Fiscalía.

Agregó que “adelantada la instrucción (investigación) se estableció que no existió encuentro armado, que las víctimas eran campesinos y que las armas reportadas fueron puestas (en la escena del crimen) por los agresores”.

Las víctimas fueron el campesino Misael Álvarez Guerrero, dos de sus nietos y dos empleados de su finca.

“De acuerdo con los testimonios recaudados, entre otras pruebas, las víctimas fueron retenidas por los uniformados que las obligaron a vestir prendas de uso militar y las condujeron desde la finca de Álvarez hasta el lugar donde fueron ultimadas”, explicó el ente investigador.

Desde fines de 2008, cuando se descubrió que algunas bajas reportadas por los militares en realidad eran ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía ha recibido denuncias de que 2.701 personas habrían sido víctimas de esta práctica.

De esas 2.701 supuestas víctimas, 128 eran mujeres y 135 menores de edad, de acuerdo con datos de la Fiscalía.

Según estadísticas de ese organismo investigador, hasta abril 344 militares habían sido condenados por estos hechos. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia.

En octubre de 2008, el entonces mandatario Alvaro Uribe (2002-2010) y el actual presidente Juan Manuel Santos, quien para el momento del escándalo de las ejecuciones era el ministro de Defensa, destituyeron a 27 militares, entre ellos a tres generales, que por acción u omisión habrían tenido alguna responsabilidad en esas ejecuciones.

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