Uruguay anula decretos que frenaron procesos a militares

Montevideo.- El presidente José Mujica firmó una resolución por la cual rige desde el viernes la ilegitimidad de los actos administrativos de gobiernos anteriores que permitieron a militares acusados de violaciones a los derechos humanos ampararse en una ley de amnistía, abriendo el camino para presentar nuevas denuncias ante la justicia.

La resolución fue firmada por Mujica el jueves. Los familiares de víctimas de la dictadura de 1973 a 1985 que no pudieron llevar sus casos ante la justicia, podrán hacerlo ahora para que el juez respectivo dictamine si abre o no proceso, informó AP.

El gobierno informó que unos 80 casos fueron amparados por la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado sancionada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos populares en 1989 y 2009.

La resolución de Mujica señala que si bien la ley de caducidad “fue aprobada en un régimen democrático y ratificada en dos consultas populares, ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Con la resolución el gobierno uruguayo espera atender un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay por la desaparición de la argentina María Claudia García, secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires.

El caso fue denunciado por Macarena Gelman, hija de la desaparecida, cuyo padre biológico Marcelo Gelman fue secuestrado junto a García y asesinado poco después por organismos de seguridad durante la dictadura de Argentina.

La joven nació en el hospital militar de Montevideo, hacia donde había sido trasladada su madre, que luego desapareció. Macarena, que había sido adoptada por un matrimonio de apellido Tauriño, comprobó su verdadera identidad en el año 2000 y cambió su apellido a Gelman.

En Uruguay hubo una treintena de desaparecidos y otros 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina en las campañas represivas del llamado “Plan Cóndor” de coordinación de las de las dictaduras del Cono Sur.

El 1 de noviembre prescriben todos los delitos cometidos durante el régimen de facto uruguayo al cumplirse el plazo máximo de 26 años y ocho meses desde el 1 de marzo de 1985, cuando se instaló el primer gobierno democrático tras la dictadura.

El secretario de la presidencia, Alberto Brescia, afirmó que el gobierno no tiene previsto proponer ampliar esos plazos de prescripción.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia echó por tierra el intento de la fiscal Mirtha Guianze para que declare esos delitos como de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. El máximo cuerpo judicial dictaminó que fueron delitos comunes.

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