(Panamá)Crece número de víctimas de tráfico de humanos

Cuando no había transcurrido ni una semana de que estallara el escándalo sobre el ingreso al país de 10 mujeres europeas, supuestas víctimas de una red de traficantes de personas con fines de explotación sexual, funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) detuvieron a otras tres jóvenes, también procedentes del Viejo Continente, quienes se refugiaban en el mismo inmueble usado por el otro grupo, en isla Perico, Amador.

Fuentes vinculadas con las investigaciones del caso detallaron que las tres nuevas mujeres fueron halladas durante una operación que pretendía la captura de siete de las 10 europeas del primer grupo, que huyeron del lugar donde supuestamente las obligaban a trabajar como “alternadoras” y que siguen sin ser localizadas.

Dos de las nuevas víctimas son de nacionalidad rusa y la tercera, bielorrusa. Las descubrieron el 9 de junio pasado en el interior de un dúplex de dos pisos en isla Perico, apenas un día después de llegar al país con visas de turistas. Fueron identificadas como Kristina Vologzhina, Irina Lobaeva y Yulina Strazhevich.

De acuerdo con las fuentes, estas tres mujeres recibieron las visas en la Embajada de Panamá en Rusia, cuyo titular, Julio Córdoba, así como la asistente de este, Berta Alicia Guerrera, firmaron los documentos entre el 30 de mayo y el 1 de junio pasados.

En la operación del Servicio Nacional de Migración el 9 de junio, las tres mujeres intentaron escapar por la parte trasera de la vivienda, según confirmaron las fuentes. Tras ser detenidas, sin embargo, fueron llevadas al refugio temporal del servicio, en Avenida Cuba, donde declararon que estaban en el país en calidad de turistas y por tanto se les estaban violando sus derechos.

Ese mismo día se les informó que serían deportadas a sus respectivos países, acusadas de ingresar en el país con visas de turistas para dedicarse a la prostitución.

Compañeras de viaje

Junto con ellas también fueron detenidas -con fines de deportación- las ucranianas Elvira Solovey y Olha Starokon, quienes forman parte del primer grupo de 10 mujeres que llegó al país a partir del 10 de marzo para laborar como “trabajadoras de espectáculos” en un club nocturno en Amador.

Este primer grupo de “bailarinas nocturnas” recibió las visas en la Embajada de Panamá en Rusia en febrero pasado, y luego el entonces subdirector de Migración, Jaime Ruiz, le concedió un permiso para trabajar.

Sin embargo, luego de firmar el contrato de trabajo con The Diamond Club de Amador, siete de esas 10 mujeres escaparon en marzo pasado, según denunciaron los dueños del centro nocturno ante Migración en mayo pasado.

Las ucranianas Solovey y Starokon continuaron residiendo en el dúplex de isla Perico, mientras que la décima mujer de ese grupo, Victoria Suvalova, natural de Moldavia, pidió autorización para abandonar el país el 4 de abril de 2011.

Las siete mujeres que escaparon son naturales de Rumania, Ucrania y Rusia.

Investigan caso

La denuncia sobre la desaparición de las bailarinas europeas -que fue remitida al despacho del procurador de la Nación, José Ayú Prado, por la entonces directora de Migración, María Cristina González- fue enviada el pasado 9 de junio a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Marcelino Aguilar, quien de inmediato ordenó la liberación de las cinco europeas que permanecían detenidas con fines de deportación.

El propio fiscal confirmó que, en efecto, ordenó la liberación de las cinco mujeres con base en la Ley 16 del 31 de marzo de 2004, que tipifica los delitos contra la integridad y la libertad sexual, entre estos la trata, y en la que se califica a estas mujeres como víctimas y no como delincuentes.

Aguilar precisó que los artículos 18 y 19 de la norma obligan a las autoridades a identificar a las víctimas y a brindarles protección y facilidad para su defensa y evitar amenazas o represalias de sus explotadores.

“La víctima de la trata de personas no será responsable penalmente por hechos punibles relacionados con la migración, la prostitución o cualquier otro que sea el resultado directo de la trata de que haya sido objeto”, dice el artículo 19.

Añadió que luego de rendir declaración jurada -en calidad de testigos- ante su despacho, las cinco mujeres europeas decidieron abandonar el país y lo hicieron de forma voluntaria y no en calidad de deportadas.

Sin embargo, el fiscal recalcó que el expediente del caso sigue abierto y que se prosigue con la búsqueda del resto de las mujeres desaparecidas.

Al mismo tiempo, informó que la fiscalía dio inicio a la fase de recopilación de evidencias, a fin de determinar quiénes son los integrantes de la supuesta red de trata de personas.

Dijo que se llamará a declarar a todas las personas que se mencionan en el caso, incluyendo a los dueños y representantes legales del club donde laboraban las mujeres.

Como consecuencia de la investigación preliminar adelantada por el Servicio Nacional de Migración, María Cristina González ordenó la cancelación de las 10 visas de transeúntes firmadas por Ruiz a favor de las europeas y suspendió el permiso para la promoción de espectáculos nocturnos con mujeres extranjeras a The Diamond Club.

Ante esta decisión, los dueños del local presentaron una reconsideración ante su despacho y, frente a la negación de la misma, elevaron un nuevo recurso ante el Ministerio de Seguridad, que ahora tiene la palabra.

Ruiz, por su parte, presentó su renuncia al cargo el 9 de junio pasado y negó públicamente tener algún tipo de vinculación con agrupación criminal alguna.

De acuerdo con sus declaraciones a este diario, él firmó las visas ante la ausencia de la entonces directora María Cristina González, quien no se encontraba en el país.

González, a su vez, renunció el pasado lunes y el mismo día el presidente, Ricardo Martinelli, anunció que sería reemplazada por el secretario general de la Policía Nacional y exjefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Javier Carrillo, cuya toma de posesión fue el pasado jueves, aunque comenzará a trabajar el próximo 1 de julio.

La trata de seres humanos es un delito en Panamá y se castiga con la cárcel

Aunque desfasada, la legislación actual contempla la trata de personas con fines de explotación sexual y la castiga con penas de prisión.

El artículo 178 delCódigo Penal, por ejemplo, establece: “Quien facilite, promueva, reclute u organice de cualquier forma la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro de territorio nacional de una persona de cualquier sexo para someterla a actividad sexual remunerada no autorizada o a servidumbre sexual será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.

La pena aumenta en la mitad cuando la víctima sea menor de edad o cuando se le someta a actos de exhibicionismo, o el hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, sustracción o retención de documentos migratorios o de identificación personal.

Los expertos consideran que esta legislación está desfasada, no solo porque las penas que estipula son bajas para un delito ejecutado que por lo general es cometido por el crimen organizado internacional, sino porque además solo tipifica la trata con fines de explotación sexual y deja por fuera todas las demás modalidades de ese delito.

En la Asamblea, sin embargo, se discute desde el mes pasado -en primer debate- un anteproyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, que no solo aumenta hasta 30 años las penas de cárcel por los delitos de trata, sino que además incluye las otras modalidades, como la explotación laboral y la esclavitud; la adopción irregular, la extracción ilícita de órganos; y el matrimonio, la mendicidad, la servidumbre y la unión forzadas.

Con la aprobación de esta nueva ley, el país dará cumplimiento al protocolo de Palermo de Naciones Unidas, suscrito en el año 2000, el cual, entre otros aspectos, califica la trata como una violación de los derechos humanos.

RAFAEL LUNA NOGUERA

JOSÉ OTERO

http://prensa.com

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