El expediente Siemens

Muy bien, ¿por qué no se identifica para el registro? -lo invitó el juez federal del distrito de Washington DC, Richard J. Leon.
-Mi nombre es Peter Solmssen. Soy miembro del directorio ejecutivo de Siemens AG y su consejero general.
Eran las 10 del lunes 15 de diciembre de 2008 y junto a Solmssen juró también Niels Hartwig, el abogado de la compañía a cargo de la investigación interna.

-Muy bien. Y usted está aquí en representación de Siemens Argentina, Siemens Bangladesh y Siemens Venezuela. ¿Es correcto?

-Sí.

Durante los 45 minutos que siguieron, Solmssen y Hartwig dieron un paso sin antecedentes en esa o ninguna otra gran multinacional alrededor del mundo. Acompañados por funcionarios del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Comisión de Valores (SEC), le informaron al juez Leon que Siemens se declaraba culpable de actos de corrupción y violación de sus registros contables en múltiples países. Entre ellos, y con un apartado especial, figuró la Argentina.

La presencia criolla en el listado de la infamia confirmó lo que hasta entonces había ocupado numerosas páginas de los diarios locales y denuncias ante la Justicia de algunos legisladores opositores que corrían el riesgo de ser archivadas o, peor, concluir con el sobreseimiento de todos los imputados.

Con la admisión de Siemens, no obstante, la investigación del juez federal Ariel Lijo cobró nueva fuerza. En especial, cuando las copias de la auditoría interna y de la investigación de la Fiscalía de Munich llegaron a Buenos Aires y Lijo citó a indagatoria a 22 empresarios argentinos y alemanes. Según el resultado de estas indagatorias, que aún no han concluido, podría convocar a los políticos sospechados por el negocio de los US$ 1200 millones. Entre ellos, el ex presidente Carlos Menem, su ministro del Interior, Carlos Corach, y el interventor en Migraciones, Hugo Franco.

La trama, sin embargo, había comenzado mucho antes, en 1994, cuando tras la voladura de la AMIA, el gobierno de Menem buscó tranquilizar a los argentinos y a varios gobiernos extranjeros ante el temor a un tercer atentado. Lanzó para eso la licitación internacional de lo que con pompa llamó “Sistema Integral de Identificación de Personas, Control Migratorio e Información Eleccionaria”, más conocido como “Proyecto DNI”.

En cuestión de semanas, surgieron las primeras sospechas, en especial, por el favoritismo con que competían el empresario Alfredo Yabrán y su entonces socio Franco Macri. Pero las diatribas del ex superministro de Economía -Domingo Cavallo- contra “el Cartero” y el posterior asesinato de José Luis Cabezas terminarían ahogando ese favoritismo. Y Siemens pasaría de ser el convidado de piedra a erigirse en el nuevo “caballo del comisario”.

Para eso, ejecutivos de Siemens en la Argentina y en Alemania desembolsaron decenas de millones de dólares, según surge de documentos que La Nacion recopiló durante más de dos años de investigación en Estados Unidos, la Argentina, Suiza, Alemania, Uruguay, España y Panamá.

La información incluye 39 megabytes de documentos electrónicos y tres cajas de papeles. Abarca memorandos confidenciales, remitos antedatados, facturas apócrifas, actas de constitución de sociedades, constancias de transferencias bancarias internacionales, balances corporativos, declaraciones ante jueces y fiscales alemanes y árbitros suizos, dictámenes judiciales y fotocopias de pasaportes.

La investigación también incluyó entrevistas con una treintena de los protagonistas y otra treintena de testigos que permitieron reconstruir algunas escenas o diálogos o comprender mejor el contexto.

De esa investigación surge que Siemens desembolsó decenas de millones de dólares, según su propia admisión, para ganar el contrato durante los años 90. Pero lejos de cerrar la chequera, el dinero negro fluyó durante más de una década. ¿Por qué? Porque ante la presión pública creciente, asqueada ya con lo peor del menemismo, el naciente gobierno de la Alianza que presidió Fernando de la Rúa prometió revisar los contratos más polémicos. Entre ellos, en primera línea, descolló el firmado con Siemens. Y eso llevó a la compañía a desembolsar más millones espurios para mantenerlo vivo a través de intermediarios que invocaron -acaso en falso- los nombres del nuevo ministro del Interior, Federico Storani, y dos colaboradores.

Peor aún, según surge de documentos y testimonios de la propia compañía obtenidos por La Nacion, a pesar de que el “Proyecto DNI” se convirtió así en el único contrato que rescindió la Alianza con la Ley de Emergencia Económica, Siemens ahondó la senda incorrecta. Y pagó todavía más dinero con la esperanza de que lo resucitara el gobierno que se caía. Un esfuerzo por izquierda y por derecha que, tras el colapso de fines de 2001 y principios de 2002, continuó con Eduardo Duhalde ya en la Casa Rosada, y una vez más a través de intermediarios con los que nunca supo si el dinero llegó a destino, aunque sus iniciales quedaron registradas en un incómodo memorando.

Tanto esfuerzo conllevó un costo enorme para el gigante alemán. Basado en datos de sus auditores externos y los investigadores de la Fiscalía de Munich, Siemens estimó que los pagos irregulares por el “Proyecto DNI” ascendieron a 106.302.706 dólares en al menos 60 operaciones completadas a través de filiales y firmas subsidiarias o intermediarias entre mediados de los 90 y principios de 2007. El desglose incluyó 15,7 millones de dólares abonados a firmas controladas por funcionarios argentinos, al menos 35,1 millones a consultores -liderados por el oscuro ingeniero Carlos Sergi- y otros 54,9 millones a enlaces que, al menos en teoría, debían sobornar con parte de ese dinero a los funcionarios.

Orillando lo patético, además, varios de los protagonistas de las coimas no sólo cobraron su tajada para ganar el contrato, mantenerlo vivo o resucitarlo, sino que también embolsaron millones por su silencio cuando el Proyecto era ya irremontable. ¿Por qué? Porque amenazaron con que, si los pagos indebidos no continuaban, contarían todo aquello que no los involucrara a ellos mismos y que pudiera perjudicar a Siemens en su arbitraje contra la Argentina ante los tribunales del Ciadi por US$ 500 millones.

El negocio de la trampa

El “caso Siemens” permite así vislumbrar otra arista de los negocios espurios: el de los operadores y lobbistas como Sergi, que dependen de las sombras para perdurar, enriquecerse y ostentar esa riqueza, en lo que el politólogo italiano Alessandro Pizzorno denomina “la ventaja de la mala reputación”. Es decir, la infamia que permite a quienes buscan un atajo identificar a quien puede facilitárselo sin correr los riesgos de padecer un tropiezo. Es decir, como un faro de oscuridad en un día soleado para aquellos que sólo pueden prosperar -y ganar negocios- con trampa.

Un problema derivado de los pagos clandestinos, sin embargo, fue que Siemens AG aún ignora -o eso sostiene- si el dinero llegó a los funcionarios o si los valijeros “mordieron” una tajada. O, peor, si los intermediarios inventaron pedidos de sobornos para quedarse con todo, como pudo ocurrir con Storani. Ese es el motivo por el que la compañía no reconoció el pago de coimas en la Argentina, sino apenas una “conspiración para violar las disposiciones sobre libros y registros contables”.

Aun así, el “Proyecto DNI” ofrece una fotografía casi perfecta de cómo son las relaciones entre numerosas grandes empresas -no sólo Siemens- y muchos funcionarios en la Argentina. Así lo reflejan otros escándalos que involucraron a IBM, Thales y Ferrostaal, o la interminable lista de empresas que, como Skanska, admitieron ante la Justicia que dibujaron sus balances con facturas truchas para evadir impuestos o esconder sobornos.

Así, el “caso Siemens” permite comprender una metodología corrupta que excede los nombres particulares de un gobierno o una empresa, y que también incluyó presiones desembozadas del canciller alemán, Gerard Schröder, y del Fondo Monetario Internacional (FMI), entonces liderado por Horst Köhler, luego presidente germano. Refleja una metodología de trabajo, una “cultura” que resulta difícil -y hasta traumático- revertir y que se extendió hasta su relación con el kirchnerismo.

Sin constancias de pagos impropios para funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner, sí queda en evidencia que algunos de los mismos ejecutivos que lideraron la operatoria espuria dentro de la compañía -comandados por su vicepresidente global y máximo responsable para las Américas, Uriel Sharef- se encargaron también de restablecer los lazos con el poder desde que los patágonicos llegaron a la Casa Rosada. Y llevaron a la actual Presidenta de gira por Alemania en 2007, mientras que el operador y presunto testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, flirteó con la multinacional germana.

Sin embargo, ¿por qué confesó Siemens sus pagos cuando la pesquisa judicial en la Argentina se encaminaba a su cierre?

Siemens AG no padeció un súbito cargo de conciencia. Sólo reaccionó ante un cúmulo de factores en el que predominó su decisión de cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE, en inglés) a partir de marzo de 2001. Al quedar sujeta a las leyes norteamericanas, el riesgo de afrontar una sanción peor en Estados Unidos -que ya investigaba a Siemens por posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés)- habría podido desembocar en su exclusión del mayor mercado del mundo, con un perjuicio muy superior a las multas que aceptó pagar.

Los números ayudan a comprender este punto. La cuenta global que debió afrontar Siemens por sus ilícitos superó los 2200 millones de dólares entre multas, costas y honorarios de sus auditores alrededor del mundo. Pero en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre de 2008, apenas un par de meses antes de presentarse ante el juez Leon, la multinacional obtuvo una ganancia neta global de 8700 millones. ¿Expiar todos sus pecados urbi et orbi acaso no justificaba utilizar un cuarto de esas ganancias netas?

Sin embargo, el momento clave que destrabó la limpieza fue una iniciativa de la propia Siemens, que abrió una “amnistía” para sus ejecutivos de nivel bajo y medio que llevó a muchos a blanquear sus propios ilícitos y acusar a sus superiores. De ese modo, la purga interna alcanzó a los grandes responsables. Hasta tal punto que generó la salida de 11 de los 13 miembros del directorio central, incluidos su máximo referente y compañero de tenis de Menem en Olivos, Heinrich von Pierer, y Sharef, quien se encamina a afrontar un juicio oral, en Munich, a fines de este año.

La amnistía interna permitió, además, comprender a fondo la metodología clandestina y expandir los países bajo sospecha, hasta conformar una larga lista que, junto a la Argentina, arrastró a Venezuela, Bangladesh, Irak, Vietnam, Rusia, Israel, México, Nigeria y China. También abarcó a Grecia, Italia, España, Liechtenstein, Hungría, Azerbaiján, Noruega y Taiwán.

Lo ocurrido en cada uno de esos países refleja cuán complejo es investigar este tipo de delitos económicos. Un ejemplo: la operatoria clandestina por el “Proyecto DNI” abarcó reuniones en Miami, Madrid, Munich, Berlín, Punta del Este, Buenos Aires, Zurich y Nueva York. Y el uso de cuentas bancarias y/o sociedades en al menos la Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, Luxemburgo, Dubai y China continental y Hong Kong. Sólo verificar cada uno de estos pasos implica, para el juez Lijo, un farragoso esfuerzo de exhortos diplomáticos que muchas veces jamás son respondidos.

Lijo optó, sin embargo, por no esperar más las respuestas a esos exhortos y a fines de 2010 llamó a indagatoria a 22 ejecutivos argentinos y alemanes de Siemens, como así también al intermediario Sergi -quien a los 78 años se encuentra bajo arresto domiciliario mientras su defensa sostiene que está senil- y a su yerno y ladero para los negocios, Carlos Soriano.

En Alemania, en tanto, múltiples ejecutivos involucrados en el “Proyecto DNI” cayeron en la purga interna o fueron condenados ya por la Justicia alemana. Sin embargo, la mayoría -y en particular los protagonistas locales del negociado- aún camina tranquila por Europa, la Argentina y Uruguay, mientras goza de sus millones. Acaso lo único que los incomodó un poco, durante los últimos años, fue cuando a fines de 2008 Solmssen y Hartwig se pararon frente al juez Leon, quien procuró clarificar la histórica situación.

-Con respecto a Siemens Argentina -sondeó Leon-, se declara culpable de un cargo de conspiración para violar las previsiones sobre libros y registros contables de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. ¿Es eso correcto, señor?

-Es correcto -confirmó Hartwig.

El resto, en la Argentina, todavía no es historia.

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