Familiares de desaparecidos llevaron proyecto a AN

La Asamblea Nacional recibió ayer, bajo la figura del pueblo legislador, el proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas, período 1958-1998.

Integrantes de los diferentes colectivos que colaboraron con la redacción de la norma, marcharon desde la Fiscalía General de la República hasta el Palacio Federal Legislativo para consignar el documento. Allí fueron recibidos por una comisión de diputados encabezada por el presidente de la AN, Fernando Soto Rojas.

Contrainsurgencia. Al entregar el proyecto, Marelis Pérez Marcano, diputada al Parlatino, dijo que aspiran a que su primera discusión en plenaria se efectúe el 21 de este mes.
Explicó que se descartó incluir en el instrumento legal las investigaciones sobre las muertes de los dirigentes campesinos ocurridas en las últimas décadas, así como los hechos de abril de 2002, porque “se trata de caracterizar un período histórico”, el cual abarca los 40 años que van desde 1958 hasta 1998.

“Era todo el fantasma de la guerra fría, que recorría el mundo, y EEUU tratándonos como su patio trasero desarrolló una política de contrainsurgencia que condujo a que en Venezuela, y otras regiones de América, se desarrollara un estado tipificado como terrorista”, manifestó.

Aseguró que en Venezuela se pudieron ocultar los crímenes y torturas, debido a que “estaban enmarcados en la democracia representativa, mientras que en el resto de los países suramericanos se hizo de forma directa, a través de las dictaduras militares”.

Sobre el número de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en esos 40 años, Pérez Marcano recordó que en 2010 consignó a la FGR una lista de mil personas, pero no descartó que esa cifra supere los tres mil. “La gente no denunciaba porque su hogar se convertía en objetivo político”, agregó.

Comisión de la Verdad. El proyecto de ley consignado ayer difiere en algunos aspectos con el que se hallaba en el Parlamento desde 2008.

Una de las modificaciones es que el número de artículos aumentó, pues de 13 pasó a 23.

Además en el anterior papel de trabajo se creaba una comisión investigadora, la cual ahora es denominada Comisión de la Verdad y la Justicia. Esa instancia “formará parte del equipo técnico especial que de carácter multidisciplinario sea designado por el Ministerio Público”. La comisión tendrá 17 miembros: nueve del Frente Social de Familiares y Amigos de Asesinados, tres del Ejecutivo, tres de la AN y dos del Consejo Moral Republicano.

Asimismo, en el artículo 18 se establece la reparación a las víctimas según el daño causado, mientras que en el 16 el Estado se compromete a que hechos similares no ocurrirá.

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